Anteriormente, era posible acusar por asesinato a cualquier participante en la comisión de un delito mayor en el cual se le produjo la muerte a un individuo, de conformidad con el Art. 189 del Código Penal. Para ello, no era un requisito que este perpetrador fuera el responsable directo de la muerte, en virtud de la regla de asesinato por delito mayores.
Por esta razón, todos los perpetradores de un delito mayor; tal como robo, robo de autos, violación, incendio provocado, secuestro, mutilación, entre otros; debían enfrentarse a una sanción mayor, dado que, además de la pena que les era impuesta por dicho delito, se dictaba una pena por el delito de asesinato, la cual, incluso en la actualidad, oscila entre 25 años y cadena perpetua en prisión estatal, la cual puede ser sin la posibilidad de una libertad condicional.
Sin embargo, el estado decidió reformar la regla de asesinato por delitos mayores, para que únicamente fuera aplicada a aquellos perpetradores que incurrieron en uno de los siguientes actos:
- Personalmente provocaron la muerte a la víctima.
- Fueron cómplices del acto delictivo con la intención específica de ponerle fin a la vida de esta persona.
- Fueron indiferentes hacia la vida de otros seres humanos, y su actuación puede considerarse negligente.
En ese sentido, el órgano legislativo de California aprobó el Proyecto de Ley del Senado 1437, el cual se incorporó al art.1170.95 PC, entrando en vigencia en enero del 2019. A partir de entonces, es aplicable a cualquier caso actual o futuro de asesinato que sea juzgado en un tribunal penal, y en el tribunal de apelaciones respectivo. Según la misma, cualquier condenado por este delito que cumpla con ciertas condiciones de elegibilidad, está facultado para solicitar la anulación de la condena ante un tribunal penal de California. En consecuencia, esta disposición no sólo impuso límites con respecto de quienes pueden ser condenados por este delito, sino que también significó una alternativa para que los condenados bajo las normas anteriores tuviesen una nueva oportunidad de impugnar la sentencia condenatoria. Antes de que esta norma fuera promulgada, no existía ninguna norma jurídica relacionada con el delito de asesinato que tuviese una alternativa parecida para los individuos que fueron declarados culpables por su participación en estos hechos.
Según la ley penal, una anulación de condena debe entenderse como un acto mediante el cual un juez declara que una sentencia condenatoria es inválida, fundamentándose en errores jurídicos sustanciales que incidieron en la decisión final sobre la inocencia o culpabilidad del acusado, que fue dictada por el juez o el jurado. Sin embargo, no todas las condenas por este delito son susceptibles de anulación, por lo cual el representante legal del interesado debe presentar una solicitud en el tribunal, tras lo cual este procede a evaluar si cumple con los requisitos de elegibilidad, caso en el cual se elimina la sentencia de todos los registros de sus antecedentes penales.
Tras una condena por el delito de asesinato, debe contactar lo antes posible a un abogado del bufete California Criminal Lawyer Group, localizado en Anaheim, CA. Nuestros expertos aplicarán su amplia experiencia para emplear una defensa acorde, con el fin de lograr la anulación de la condena, y los efectos negativos que resultan de esta.
¿Cuáles son los principales objetivos de la disposición?
Los legisladores tenían el propósito de impedir que se pudiera condenar a un individuo por asesinato si este no lo perpetró o no sabía que este tuvo lugar, dado que no deberían someterlo a la misma pena que al responsable directo de la muerte, o aquellos perpetradores del delito mayor que tenían la intención específica de causar la muerte. Además, la norma facilita que los oficiales de policía identifiquen a los responsables del asesinato, y puedan proceder a imponer el castigo que consideren adecuado. Esto es debido a que cuando son acusadas varias personas, el solicitante tiene la posibilidad de defenderse y demostrar que no cometió el asesinato, no ayudó a que este se cometiera, ni actuó de manera negligente. Cuando prueba lo sucedido, es posible que la identidad del individuo que realmente perpetró el asesinato sea revelada.
Por otra parte, los legisladores consideran que las sanciones deben ser equitativas y proporcionales a los actos en los que ha incurrido cada acusado, por lo que sería absurdo privar de su libertad por un periodo igual de extenso que el estipulado para el asesinato, a una persona que no es culpable de cometerlo. Por último, esta medida contribuye en la reducción del hacinamiento de las prisiones.
¿Cuáles son las condiciones de elegibilidad?
Si le interesa realizar esta petición, debe primero saber cuáles son los requisitos que cualquier individuo debe cumplir para que su petición sea aprobada y se anule la condena. A continuación, conoceremos en qué consisten.
- La sentencia estuvo fundamentada jurídicamente en la regla del asesinato por delitos mayores, o en la teoría sobre las consecuencias probables y naturales.
- El cumplimiento de las siguientes condiciones:
- Se declaró culpable, o fue condenado por asesinato en primer o segundo grado luego de un juicio.
- Los cargos presentados en su contra permitieron que el fiscal procediera de acuerdo a la teoría sobre las consecuencias probables y naturales, o la norma de asesinato por delitos mayores.
- No es posible que el acusado sea condenado por asesinato en primer o segundo grado, en razón de la vigencia del Proyecto de Ley 1437.
¿Quiénes no califican para la anulación de la condena?
Debido a que el asesinato sigue siendo un hecho punible, la ley también impone ciertos límites a este procedimiento, indicando que no todos los individuos que han recibido una sentencia condenatoria por el mismo califican para que su condena sea anulada, específicamente, no serán elegibles cuando se verifica alguna de las siguientes situaciones:
- Fue quien perpetró el asesinato.
- No cometió el asesinato, pero fue cómplice fundamental en la ejecución del mismo.
- La víctima del asesinato era un policía que se encontraba ejerciendo sus funciones.
- Además de tener una participación fundamental en el asesinato, su actuación es considerada imprudente por poner en peligro la vida de otro ser humano.
¿Cuál es el procedimiento para realizar la petición?
Se requiere que la petición se presente ante el Departamento del fiscal del respectivo condado en que el solicitante fue condenado. Cuando el juez que estuvo a cargo del caso no se encuentra disponible, se asigna a otro que evaluará la petición para posteriormente emitir una decisión al respecto. Debe tener en cuenta que la petición debe contener los siguientes datos:
- El número del expediente y el año en que la sentencia condenatoria fue dictada.
- Una declaración del condenado, en la que debe indicar las razones por las cuales cumple con todos los requisitos para la anulación de la condena, y por lo tanto es elegible.
- Si desea que se le conceda un abogado.
Cuando el peticionario omite parte de la información mencionada anteriormente y el tribunal no dispone de la misma, es muy probable que rechace la petición. No obstante, está facultado para realizar una nueva cuando disponga de estos datos.
Si su petición se presenta ante el tribunal satisfactoriamente, su abogado se encargará de entregar copias de la misma al fiscal del distrito. Posteriormente, se les concederá la oportunidad tanto a este, como a su abogado defensor, de pronunciarse con respecto a la solicitud mediante un documento escrito. Para lo cual, es necesario que fundamenten sus pretensiones en base a la información que consta en el registro del procedimiento judicial. Luego de que esto ocurra, el tribunal procede a evaluar si es conveniente celebrar una nueva audiencia con el propósito de discutir si usted es elegible.
Por su parte, el fiscal debe demostrar más allá de toda duda razonable, que el acusado no cumple con los requisitos de elegibilidad, de lo contrario, el tribunal está facultado para anular la sentencia condenatoria. Cabe destacar que mediante este procedimiento no sólo se puede lograr anular la condena, sino que, de forma alternativa, es posible lograr que la pena impuesta se reduzca, para lo cual se considera el tiempo que ha cumplido privado de su libertad hasta ese momento, y se le asignan créditos para su liberación anticipada. También es posible, que deba someterse a una libertad condicional por un periodo de hasta 3 años luego de cumplir con esta pena.
¿Sobre quién recae la carga de la prueba?
La carga de la prueba consiste en quién tiene la obligación de demostrar un hecho determinado ante un tribunal penal. En este proceso, el fiscal será el encargado de demostrar mediante argumentos y evidencias, que el tribunal no debe anular la condena.
Es importante resaltar que cuando un individuo es acusado de incurrir en un asesinato, es necesario que el fiscal demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable, el cual es el estándar de evidencia en un tribunal penal. Por lo que cuando un condenado presenta una petición para que la sentencia sea anulada, el fiscal debe oponerse a la misma y demostrar bajo el mismo estándar de evidencia, que no se debe anular la condena.
¿Cuál es el procedimiento para la celebración de la audiencia?
Es necesario que el fiscal encargado del caso presente una contestación a la petición en un lapso de 60 días contados a partir de la recepción de la notificación, mientras que el acusado podrá presentar su contestación a lo argumentado por el fiscal en un lapso de 30 días contados a partir de que culmine el lapso anteriormente mencionado.
Cuando uno de ellos no tiene la posibilidad de presentar este documento en los lapsos estipulados, deberá demostrar que existe una justificación válida para que el tribunal le conceda una prórroga.
Una vez que las partes cumplen con la presentación de la contestación, el juez debe emitir una orden para evaluar el caso, tras lo cual el tribunal celebrará una audiencia dentro de los 60 días siguientes, con el propósito de determinar si es necesario dictar una nueva sentencia, o si la condena debe ser anulada.
Es importante mencionar que, aunque no ocurre en todos los casos, también es posible que tanto el peticionario, como el fiscal, estén de acuerdo sobre la anulación de la condena. En dado caso, renuncian a la audiencia y se determina automáticamente que el peticionario es elegible. Otra manera en que puede calificar automáticamente para que la condena sea anulada, es si el tribunal establece que no actuó negligentemente e indiferente respecto a la vida de otro ser humano, ni tampoco puede considerarse un participante fundamental en la comisión del acto delictivo.
Como señalamos anteriormente, en la audiencia el fiscal intentará probar que el peticionario no cumple con la totalidad de los requisitos que establece la ley para la anulación de la condena por asesinato, o la emisión de una sentencia nueva. Cuando no satisface el estándar de evidencia, el tribunal anula la sentencia condenatoria, y/o lo juzgará nuevamente por el resto de los cargos, lo cual resultará en una nueva sentencia.
Tanto el fiscal como el peticionario pueden fundamentar sus pretensiones en los registros del procedimiento judicial y en las pruebas presentadas durante el mismo. Además, tendrán la oportunidad de presentar nuevas pruebas.
Si el juez decide dictar una sentencia nueva, debe asignarle crédito por el tiempo cumplido como parte de la pena de encarcelamiento impuesta, y es posible que lo someta a un régimen de libertad condicional bajo supervisión hasta por 3 años, el cual deberá cumplir luego de que sea liberado de prisión.
¿Cuáles son sus derechos en este proceso?
La Constitución de la nación consagra una serie de derechos que deben respetarse durante el procedimiento de la petición para la anulación de la condena por asesinato. Entre los cuales destacan, el derecho a contar con la asistencia y representación de un abogado, el derecho a la celebración de un juicio expedito juzgado por un jurado imparcial, el derecho a interrogar a todos los testigos que sean presentados en el juicio, el derecho a conocer los cargos que le han sido imputados, y las pruebas que han sido aportadas por el fiscal para demostrar su culpabilidad.
En este sentido, esta serie de derechos faculta al peticionario a interponer las acciones legales que correspondan ante dilaciones indebidas durante este procedimiento. Por otra parte, contar con la asistencia de un abogado con experiencia puede incrementar la probabilidad de lograr un resultado que lo favorezca.
¿En qué se diferencia este procedimiento de la moción para la anulación de una sentencia penal?
La ley del estado de California establece que los acusados que se declaren culpables o no se opongan a los cargos que han sido presentados en su contra, deben actuar de manera voluntaria, consciente, y libre. Cuando no es así, el Art.1018 PC establece la posibilidad de solicitar que la sentencia penal sea anulada si fue obligado a realizar una declaración de este tipo, no actuó a sabiendas de las posibles repercusiones que la misma tendría, no contaba con un representante legal, o el abogado que ejerció su representación legal era incompetente.
En este sentido, mediante la moción para la anulación de la sentencia penal, se le solicita al respectivo tribunal penal de California que declare inválida una sentencia que ha sido dictada con anterioridad, o una resolución judicial. Cuando se aprueba esta moción, la declaración emitida por el acusado es retirada y se le permite declararse “no culpable” de los cargos que se han presentado en su contra. Posteriormente, se elimina la condena y el caso es juzgado nuevamente, por lo que el proceso judicial se vuelve a iniciar. Con respecto a la oportunidad para la presentación de esta moción, debe ser antes de que el juez dicte la sentencia condenatoria, o en un lapso de 6 meses contados a partir de la misma, si el juez impuso un régimen de libertad condicional.
De conformidad con el artículo 1473.7 PC, los condenados que han cumplido con la pena de encarcelamiento impuesta, también están facultados para solicitar que la condena sea anulada, siempre que la solicitud esté fundamentada en la existencia de nuevas pruebas, o un error perjudicial durante el procedimiento judicial.
A diferencia de la petición para la anulación de la condena por asesinato, esta moción puede presentarse de forma escrita u oral en el tribunal, y en la mayoría de los casos ocurre cuando el proceso está en curso. Por el contrario, la petición para que la condena por asesinato sea anulada, debe presentarse por escrito y la misma da inicio a un procedimiento.
¿La ley contempla otros recursos para los condenados por asesinato?
Si la petición es rechazada, debe tener en cuenta que este no es el único recurso jurídico para la impugnación de la condena por asesinato, ya que sólo es el más reciente. Entre las otras alternativas que establece la ley, destacan las siguientes:
- El indulto del gobernador. Los condenados por cualquier delito, pueden solicitar un indulto al gobernador del estado de California, que les será concedido si han completado un programa de rehabilitación satisfactoriamente. Con este, se elimina la mayor parte de las sanciones que derivan de la sentencia condenatoria. Asimismo, el lapso para presentar su solicitud es de 7 a 10 años que generalmente inician a partir de que haya completado satisfactoriamente el régimen de libertad condicional que se le impuso.
Sin embargo, debe tener en cuenta que si le otorgan este indulto, la condena seguirá formando parte de sus antecedentes penales, por lo que se tomará en cuenta si se le imputan cargos nuevamente por este delito. Además, deberá abstenerse de incurrir en delitos graves hasta 10 años después de su concesión. Cabe destacar que esto no ocurre con la anulación de la condena, ya que la misma es eliminada de sus antecedentes penales y no cuenta como un antecedente penal si es condenado nuevamente.
- Recurso de apelación. También existe la posibilidad de interponer un recurso de apelación que consiste en solicitar a un tribunal superior que revise el procedimiento judicial y la sentencia condenatoria que ha sido dictada por un tribunal inferior, fundamentándose en la existencia de un error jurídico. Debido a que el caso no es juzgado nuevamente, no deben presentarse nuevas pruebas.
Para interponer este recurso, el interesado debe efectuar una notificación de apelación en un lapso de entre 30 a 60 días a partir de la fecha en que se emita la sentencia condenatoria.
Es importante destacar que la Corte de Apelaciones de California es el órgano encargado de todas las apelaciones que se interpongan contra las condenas por delitos graves, en tanto que, una corte de apelaciones diferente está encargada de las apelaciones contra las condenas por delitos menores.
- Solicitud para que la pena sea reducida. Además de establecer la petición para la anulación de la condena por asesinato, el Proyecto de Ley 1437 contempla otra alternativa para los condenados por este delito, que consiste en solicitar que se reduzca la pena que les fue impuesta. Para ello, deben realizar su petición en el tribunal que dictó la sentencia, o en el respectivo Departamento de la fiscalía. En su petición debe demostrar que cumple con la totalidad de los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley para este proceso, los cuales son muy parecidos a los que están estipulados para que la sentencia sea anulada. Si prueba que es elegible, el tribunal procederá a celebrar una audiencia con el fin de discutir si debe emitir una nueva sentencia. Durante esta audiencia, el fiscal es el encargado de demostrar que el tribunal no debe reducir la pena. De lo contrario, el tribunal anulará los cargos y la pena dictada con la sentencia, y procederá a dictar una sentencia nueva para el resto de los cargos.
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